La Junta asegura que habrá aportación al Serla para garantizar el servicio
El secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, ha respaldado el requerimiento contra la Junta, “empeñada en lastrar las oportunidades de desarrollo”. El líder socialista ha recordado que la cartera de empleo está en manos de Vox, un partido que sigue mostrando su intención de “cargarse” el Diálogo Social. El secretario general de UGTCyL hizo todas estas declaraciones en el Parador Nacional de Turismo de Zamora ‘Condes de Alba de Aliste’, adonde acudió, junto con el secretario general de UGTSPCyL, Tomás Pérez, para participar en unas jornadas organizadas por UGT Servicios Públicos para sus delegados y afiliados. Las jornadas están incluidas en el Plan de Formación dirigido a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el Diálogo Social en el ámbito de la Administración pública. En este contexto, el secretario general de UGTCyL apuntó que, a petición de UGT, CCOO y la patronal, la semana pasada hubo una reunión en Madrid con la ministra de Trabajo y con el secretario de Estado de Empleo. Por otro lado, Temprano ha puesto en valor que al margen de “lo que está haciendo la Consejería de Empleo”, el Serla “ha seguido funcionando” porque los trabajadores propios de la Fundación “siguen trabajando y haciendo su función muy positiva” y también por los “mediadores de la patronal y de los sindicatos” que no han puesto “ningún problema, aunque no tenga presupuesto económico”.
- Esteban indica que “las OTT podrían hacer labores de conciliación pero no de mediación que es lo que hace el SERLA” y destaca que estas oficinas “llevan muchos años sin abordar conflictos laborales colectivos por lo que no tienen perfiles expertos en la materia” mientras lamenta que se perderían los del personal del SERLA que llevan años trabajando de forma eficiente.
- En consecuencia, el documento plantea que la Junta debe adoptar los “acuerdos administrativos oportunos”, en referencia a la habilitación de las partidas presuestarias necesarias, para “garantizar la continuidad de los sistemas de solución de conflictos laborales que realiza la Fundación SERLA”, previsto en los acuerdos de resolución de conflictos.
- Carriedo ha descargado la responsabilidad de revertir la disolución del Serla en los sindicatos y la patronal.
- Tras su funcionamiento normalizado desde entonces y hasta el pasado 2022, el requerimiento da un salto hasta noviembre del pasado año para destacad que fue en ese momento cuando la Junta de Castilla y León anunció en el Parlamento autonómico que su previsión de cara a 2023 era dejar sin aportación presupuestaria al Serla.
Volviendo al presente, en diciembre de 2022, el consejero de Economía y Empleo y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba que el 1 de enero el SERLA “seguirá existiendo” y también los contratos de los trabajadores que desarrollan su labor en él porque “no ha habido ninguna decisión” que diga lo contrario, a pesar de que no dispondrá de presupuesto en las cuentas autonómicas. El motivo esgrimido por Vox, en un comunicado ,es que el SERLA carece de financiación y, por ende, se encuentra en una situación de endeudamiento. Esta situación se debe a que no cuenta con partida presupuestaria para este 2023 https://es.tradercalculator.site/familiarization-sie-with-forex-broker/ y que la Consejería ha autoimpuesto en las cuentas autonómicas aprobadas en diciembre. Los abogados de los sindicatos mayoritarios y la abogada del Estado pidieron al Juzgado que considere que el acuerdo de la Consejería de Empleo, dirigida por Vox, es “contraria a la normativa laboral”. UGT y CCOO han valorado que el TSJCyL “no ha entrado al fondo de la demanda” y han apuntado que para “dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones tendremos que seguir esperando durante al menos dos años una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al Serla”.
El SERLA es un órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación – mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las controversias laborales, colectivas o plurales, buscando una solución a las mismas de forma ágil, sencilla y eficaz. La polémica por la posible supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en Castilla y León se ha convertido en tema nacional. Una jornada organizada por El Español-Noticias de Castilla y León, en colaboración con el Consejo Económico Social, y que ha servido para conocer la opinión de su director.
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Tras su funcionamiento normalizado desde entonces y hasta el pasado 2022, el requerimiento da un salto hasta noviembre del pasado año para destacad que fue en ese momento cuando la Junta de Castilla y León anunció en el Parlamento autonómico que su previsión de cara a 2023 era dejar sin aportación presupuestaria al Serla. El requerimiento del Gobierno se apoya en una cronología que se remonta al año 1996, cuando fue suscrito el primer acuerdo sobre la Resolución Autónoma de Conflictos. Seguidamente cita la constitución de la Fundación SERLA el 22 de diciembre de 1997, con la redacción de su primer artículo en el que se detalla que se trata de una entidad pública y tripartita, bajo el “protectorado” de la Junta.
El III Acuerdo pasa a ser de dos materias concretas, Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva. El 30 de septiembre de 1996, las representaciones de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), la Unión General de Trabajadores – Unión Regional de Castilla y León (UGT) y la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO), suscriben el I Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos laborales en Castilla y León. Cabero recordó que el informe, aprobado el 13 de febrero por unanimidad, se empezó a gestar hace tiempo, coincidiendo con los 25 años del sistema a nivel estatal. Así, más allá de la coyuntura actual, se inició un análisis y balance, tanto del servicio en el país, como en la Comunidad, así como de su ampliación y crecimiento al ámbito del trabajo autónomo. “El compromiso es cumplir la ley y realizar las aportaciones necesarias”, ha apostillado Carriedo, crítico con que el Gobierno envíe requerimientos a Castilla y León pero no a Cataluña para que cumpla con la sentencia acerca de la escolarización en castellano.
La OIT ya expresó a principios de marzo su “enorme preocupación” por la supresión en Castilla y León de este servicio de mediación laboral e instó a sindicatos y empresarios a registrar una queja ante este organismo para que el Gobierno de España actuara. El Ministerio de Trabajo ha defendido que depende de Castilla y León garantizar que la mediación funciona “de forma adecuada” y la falta de financiación del Serla supondría un incumplimiento de la legislación laboral, puesto que la normativa prevé el recurso al sistema de solución de conflictos. Según datos facilitados por CCOO, en 2022 el SERLA tramitó 4.500 procedimientos de conflictos laborales individuales en Valladolid y 341 expedientes colectivos en toda Castilla y León. De estos últimos, 54 eran previos a una convocatoria de huelga, y en el 50% de los mismos se llegó a un acuerdo para evitar el parón. La Fundación del Servicio Regional Relaciones Laborales (SERLA) es un órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación y mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las controversias laborales, colectivas o plurales, buscando una solución a las mismas de forma ágil, sencilla y eficaz. El “interés social” del Serla también ha sido destacado por su director, para quien su “utilización” ha supuesto su “consolidación, consecuencia directa de que ha sido plenamente asumido por los actores directos de las relaciones laborales, adquiriendo un papel cada vez más relevante y dinamizador del entorno laboral de Castilla y León”.
Cordero ha recordado que se incorporó como director general en diciembre de 2020, cuando se contaba con los mismos trabajadores que en 2000 y cuando solo se tenía competencias en conflictos colectivos, unos 300 al año. Ahora cuentan con ocho empleados, dos más, aunque haría falta uno más, y reconoce que no se puede “atender a todos los ciudadanos que llegan”. La patronal, por su parte, ha ofrecido que “el SERLA atienda únicamente los conflictos colectivos”, según la nota.
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En cuanto al número de conflictos mediados por el Serla, en 2022 finalizó con cifras récord de 3.534 procedimientos individuales mediados, la cifra más alta de la historia de este servicio, con 341 expedientes colectivos, la segunda cifra más alta de su historia. Asimismo, desde los sindicatos y la patronal han instado a la Junta a no suprimir este servicio, mientras que el Consejo Económico y Social (CES), una institución propia de la Comunidad, también ha recomendado al Gobierno autonómico que mantenga la financiación para esta fundación. El Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León tiene previsto, a petición de los de Abascal, suprimir el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de la Comunidad, una fundación que se creó en el año1997 por sindicatos y patronal, que en este 2023 se ha quedado sin financiación en los Presupuestos autonómicos. Sin embargo, en los presupuestos generales para el año 2023 el gobierno de Castilla y León no ha asignado partida económica para financiar este organismo mediador para luego anunciar su intención de disolverlo por carecer de una financiación que él mismo no le ha asignado.
La Junta asegura que habrá aportación al Serla para garantizar el servicio
Por favor, actualiza tus datos de pago para que podamos renovar tu suscripción el y así sigas siendo socia/o de elDiario.es. En Vox se escudan principalmente en la “falta de financiación” mientras que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha garantizado que la administración autonómica tiene, a través de las Oficinas de Trabajo, medios suficientes para asumir los más de cuatro mil expedientes anuales por conflictos laborales del Serla. Además, el CES, en un documento, ve necesario que se estudien las implicaciones legales, económicas y sociales derivadas de la posible supresión del SERLA, porque, en su opinión, https://es.forexeconomic.net/vista-previa-de-la-monetizacion-de-disney/ este hecho generaría una situación “sin precedentes en España”, así como un “muy grave e indeseable situación de incertidumbre y seguridad jurídica” para las empresas y las relaciones laborales. En la misma línea, Esteban, explica que “así como el Estado financia la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en las comunidades autónomas, los órganos de mediación laboral de cada una (como es el SERLA en Castilla y León), están financiados por los presupuestos autonómicos”. En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también criticaba esta decisión.
Castilla y León
También se estableció que el Servicio de Relaciones Laborales solo intervendría en conflictos colectivos, excluyendo los individuales entre trabajadores y empresas, que previamente se resolvían solo en Valladolid y limitando la intervención a mediadores o árbitros. A principios de abril, la Consejería de Industria inadmitía el requerimiento del Ministerio de Trabajo y Economía Social para que financiara el Serla. El portavoz del gobierno autonómico ha garantizado durante semanas que habría aportación al Serla para garantizar el servicio “El compromiso es cumplir la ley y realizar las aportaciones necesarias”, afirmaba a mediados de marzo.
El resto de conflictos individuales de la comunidad pasan directamente a las Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT) donde no se media”, apunta Alonso. Un ejemplo de conflicto laboral individual sería una demanda de despido y uno de conflicto colectivo podría deberse a la interpretación de un convenio. Tiene como funciones la tramitación de los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL). Por lo que afecta a todas las empresas y trabajadores cuyas relaciones laborales se desarrollen en centros de trabajo ubicados en el ámbito territorial de Castilla y León.
SERLA
Así, ha otorgado “un papel crucial” en esta Fundación a la que atribuye medidas que han supuesto que los poderes públicos “van a gobernar menos y a gestionar menos los conflictos”. Madrid/Valladolid, (EFE).- El secretario de estado de Empleo, Joaquín Peréz Rey, ha anunciado este viernes que se van a tomar todas las medidas a su alcance, incluidas jurídicas, para revertir la situación del servicio de mediación laboral SERLA en Castilla y León, un tema sobre el que la OIT ha vuelto a transmitir su preocupación a España. En consecuencia, el documento plantea https://dowjonesanalysis.com/es/dow-jones-industrial-average-yawns-after-fomc-3/ que la Junta debe adoptar los “acuerdos administrativos oportunos”, en referencia a la habilitación de las partidas presuestarias necesarias, para “garantizar la continuidad de los sistemas de solución de conflictos laborales que realiza la Fundación SERLA”, previsto en los acuerdos de resolución de conflictos. El objetivo del requerimiento judicial es garantizar la plena ejecución de la legislación laboral y, como parte de la misma, de los acuerdos interprofesionales sobre sistemas autónomos de solución de conflictos, según sostiene Barcones.
